La Audiencia Provincial de La Rioja acogerá el próximo martes 12 de diciembre el juicio por este caso derivado de las inspecciones que la Fiscalía riojana realizó en mayo de 2016 y tras la instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Calahorra.
El fiscal señala que a Abad, como alcalde, le correspondía el deber de ejercitar las potestades en materia urbanística establecidas en la normativa vigente -en aquel entonces, la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR) y el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (Pepman)-, y que “toda la respuesta administrativa realizada por el investigado ante conductas que contravienen la legalidad urbanística queda en una pura apariencia; los procedimientos se tramitan formalmente, pero no se cumple en la realidad lo que en ellos se resuelve”.
En este sentido, detalla que “si se ordena la paralización de las obras ilegales, ésta no se respeta y las construcciones se realizan”.
“Si se ordena la demolición de las obras ilegales, ésta no se ejecuta por el Ayuntamiento ante el incumplimiento del particular, y la construcción ilegal se consolida”, precisa el fiscal, para quien “no se expedienta ni se sanciona al particular que comete una infracción urbanística”.
En el escrito consta la existencia de más de 1.500 construcciones ilegales en Arnedo, principalmente en el suelo no urbanizable protegido de las Huertas del Río Cidacos, de las que sólo han sido sancionadas “una pequeña parte”, sin que conste que alguna se haya demolido, señala el fiscal.
