Según ha informado la Guardia Civil este martes 3 de julio, estos artefactos no contaban con carga explosiva, pero algunos de ellos disponían de todas las piezas fundamentales para su funcionamiento, por lo que el Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil en La Rioja se ha hecho cargo de los mismos para su evaluación y análisis.
La actuación se llevó a cabo durante la celebración de la última feria de antigüedades de Munilla, a la que acudieron agentes del Instituto Armado para inspeccionar los diferentes puestos de venta en cumplimiento del “Plan de Defensa del Patrimonio Histórico Español”, cuyo fin es la localización e intervención de todos aquellos objetos de arte expoliados o sustraídos, como piezas arqueológicas, monedas, muebles, pinturas o instrumentos musicales, entre otros.
Las granadas se localizaron a la venta en uno de los puestos, con precios que oscilaban entre 30 y 300 euros. Su propietario carecía de la preceptiva autorización para esta actividad comercial y de los certificados de inutilización de cada uno de los artefactos, por lo que los agentes procedieron a la intervención de cada uno de ellos y a la tramitación de la correspondiente acta-denuncia, por infracción grave la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana en concordancia con el Reglamento de Armas, que lleva aparejada pena de multa de 601 a 30.000 euros.
Las granadas de mano tienen la consideración de armas de guerra tal y como establece el Reglamento de Armas en su artículo 6.1.f, por lo que los particulares sólo las pueden adquirir si han sido inutilizadas, teniendo además que poseer el certificado de inutilización emitido por un centro del Ministerio de Defensa o por un Banco Oficial de Pruebas.
Por otro lado, durante el mes de junio agentes de la Oficina de Análisis de Intervención de Armas de la Guardia Civil en La Rioja procedieron a la identificación de varios ciudadanos que habían puesto a la venta por Internet armas de avancarga y granadas de la Guerra Civil Española (sin carga explosiva), careciendo de los permisos necesarios para ello. Tras ser citados en dependencias oficiales procedieron a entregar las armas de manera voluntaria, siendo propuestos para sanción por infracción grave a Ley Orgánica 4/2015 y al Reglamento de Armas.
