IU ALEGARí CONVENIO ”˜LA FISCALA”™ Izquierda Unida de Arnedo va a presentar una alegación al convenio urbanístico de La Fiscala para que en sus cláusulas se contemple que el gobierno municipal que se constituya tras las elecciones de mayo pueda desvincularse del mismo, si así lo estima conveniente.Según un comunicado remitido por el concejal Eduardo Garrido, la tramitación administrativa de este proyecto no habrá finalizado para la fecha de las elecciones, por lo que esto sería una garantía jurídica para que la nueva corporación que resulte de ellas pueda actuar de acuerdo a lo que la mayoría de los arnedanos decidan. Por ello, Garrido espera que PP y PR admitan, cuando menos, la alegación de Izquierda Unida, por cuanto no es obstáculo alguno para que la tramitación continúe de acuerdo a los planes del actual gobierno municipal.Garrido añade que resultaría muy sospechoso que PP y PR la rechazaran, anteponiendo así el interés del promotor al de una posible mayoría de vecinos que no les habría respaldado en las urnas.Respecto al convenio urbanístico, que está ahora en exposición pública para la delimitación de un sector residencial en el paraje de “La Fiscala”, Izquierda Unida deja claro que se opone al desarrollo de ese sector. También explica que la tramitación que debe seguirse será, en primer lugar, la aprobación del convenio por el pleno municipal.En segundo lugar, la tramitación de la correspondiente modificación del Plan General, que comporta aprobación inicial de la modificación por parte del pleno, exposición pública, resolución de las alegaciones, aprobación provisional y remisión a la COTUR para su aprobación definitiva.Finalmente, dice, en caso de que la Comisión de Ordenación y Territorio y Urbanismo de La Rioja haya dado el visto bueno, habría que aprobar el Plan Parcial.Con todo esto, Izquierda Unida estima que antes de concluir la tramitación administrativa los arnedanos habrán elegido una nueva corporación municipal el próximo 27 de mayo, por lo que podría constituirse un gobierno municipal distinto al actual que, si no se admite su alegación, quedaría atado de pies y manos y estaría obligado -a su pesar- a ejecutar lo contemplado en el convenio, pese a tener de su lado a la mayoría de la población.
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