IMPUESTAS OCHO SANCIONES URBANISTICAS

IMPUESTAS OCHO SANCIONES URBANíSTICAS El Ayuntamiento de Arnedo ha impuesto ocho sanciones que oscilan entre los 3.270 y los 48.000 euros a los propietarios de otras tantas edificaciones ilegales, que tienen ahora un plazo de 12 dí­as para recurrir, ya que se prevé aprobarlas definitivamente en un pleno previsto a primeros de agosto.En concreto, los importes que los infractores deberán pagar son de 48.000, 37.800, 36.600, 33.000, 22.000, 15.150, 7.590 y 3.270 euros.Según el alcalde, Juan Antonio Abad, a estas sanciones ya impuestas, que afectan a una obra situada en zona urbana, a cinco en zona especialmente protegida de huertas y a dos en suelo urbanizable no delimitado, se unen otros 22 expedientes iniciados también por obras ilegales, porque el equipo de gobierno tiene la intención de hacer respetar la legalidad urbaní­stica vigente.                Abad ha vuelto a solicitar a los ciudadanos que respeten la legislación urbaní­stica y contribuyan así­ a conservar la zona de huertas del Cidacos. Además, ha advertido de que la responsabilidad por infracciones urbaní­sticas puede alcanzar también al constructor e, incluso, al proyectista de la obra.                Aunque las sanciones impuestas ahora afectan sólo a los propietarios de las edificaciones ilegales, Abad ha insistido en el hecho de que el constructor puede llegar a ser hasta responsable subsidiario, si el propietario se declara insolvente.                El alcalde arnedano ha recordado que la legislación riojana contempla sanciones de hasta 300.000 euros para infracciones urbaní­sticas cometidas en zonas protegidas y ha adelantado que, aunque la ley también lo permite, no se ejecutará ningún derribo de obra terminada, pero sí­ en construcción. Además, ha avanzado que se reforzará el papel del vigilante de obras, con la figura del inspector, que podrá entrar en cualquier recinto para inspeccionar el estado de los trabajos.                Abad también ha recalcado que la nueva Ley del Suelo aprobada por el gobierno central permite precintar las obras que hayan sido objeto de paralización y que romper un precinto de una administración pública es un delito.Al hablar de estos asuntos, Abad citó al ex concejal de Izquierda Unida Enrique Pradas, que durante años ha reclamado la regulación urbaní­stica de la zona del Cidacos, y ha asegurado que cumplirá con otra de sus peticiones: la realización de un censo de edificaciones que, según sus datos, se está llevando a cabo con la cartografí­a de la Comunidad Autónoma. Finalmente, y al preguntarle por ello, el alcalde de Arnedo se mostró contrario a una nueva modificación de la LOTUR para ampliar los 40 metros cuadrados de casilla que se permiten ahora, algo que sí­ defendí­a su socio de gobierno y anterior concejal de urbanismo, el regionalista Jesús Gil de Gómez.