PLENO APRUEBA 11 SANCIONES «CASILLAS»

                  PLENO APRUEBA 11 SANCIONES POR ”˜CASILLAS”™ El pleno del Ayuntamiento de Arnedo aprobó el jueves 23 de diciembre, con el voto a favor del Partido Popular y en contra del PSOE y el PR, la imposición de once sanciones económicas por otras tantas infracciones urbaní­sticas cometidas en la zona de huertas del Cidacos, cuyos importes van desde los 300 a los 65.831 euros.En total, sanciones que suman 379.892 euros con las que los socialistas no están de acuerdo porque, según su portavoz, Santiago ílvarez, la ley que se aplica es injusta y desproporcionada y los criterios que utiliza para aplicarla el equipo de gobierno suponen un trato discriminatorio hacia los infractores.También el concejal del PR, Jesús Gil de Gómez, quien criticó que estos expedientes fueran a pleno justo en ví­speras de las celebraciones navideñas, recalcó que la ley vigente le parece injusta, pero acusó además al alcalde y al Partido Popular de no tratar de cambiarla ante la Comunidad Autónoma, algo para lo que ofreció el apoyo de su formación.Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Urbanismo, Manolo Soria, coincidió con la oposición en que la ley es mala e injusta, pero acusó a PSOE y PR de demagogia y defendió que los criterios de imposición de sanciones son los mismos para todos los ciudadanos.Por su parte, el alcalde, Juan Antonio Abad, acusó a los socialistas de haber dejado durante 20 años que se construyera sin control en las huertas del Cidacos y les retó a apoyar al PP para la aplicación estricta de la ley, que ordena el derribo de las construcciones cuando se incumple una orden de paralización. Además, Abad acusó de cobardí­a polí­tica tanto a PSOE como a PR y volvió a tenderles la mano para, juntos, comenzar con los derribos.Otro punto polémico del pleno fue una modificación puntual del Plan General y la delimitación del sector industrial 5 que, aunque se dejó sobre la mesa para consensuar si éste pasará de 3 a 6 o 10 hectáreas, reveló las discrepancias de PP y PR ante el futuro desarrollo de una zona, la de La Fiscala, que en la anterior legislatura se calificó para viviendas unifamiliares, zona de ocio y servicios y que, con este cambio, pasará a ser zona industrial.Una modificación que desde el equipo de Gobierno se presenta como iniciativa del Ayuntamiento pero que Gil de Gómez ve como iniciativa privada que rechaza un proyecto que él sigue defendiendo como positivo para la ciudad.Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Manolo Soria, explicó que el anterior proyecto de La Fiscala fue rechazado por la COTUR por la existencia de obstáculos no subsanables en el tiempo y defendió el cambio propuesto ahora por varias razones, entre ellas la necesidad de ampliar Planarresano y construir un nuevo colector para ese polí­gono.Por otro lado, en el pleno se aprobó también, con el voto a favor de PP y PSOE y en contra del PR, la cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de una parcela municipal de equipamiento público junto al IES Celso Dí­az para usos complementarios del servicio educativo.Con la abstención regionalista y el apoyo de socialistas y populares salió adelante la resolución del contrato de gestión de los servicios múltiples de las instalaciones deportivas con la empresa írea Azul y la adjudicación de dicha gestión a ”˜Osga S.L.”™ desde el próximo 1 de enero y hasta marzo de 2012, prorrogable un año más, por un importe de 333.158 euros al año, hasta que entre en funcionamiento la nueva Casa del Agua, y por 243.361 euros a partir de ese momento.En este punto, Gil de Gómez criticó que este cambio iba a costar 15.000 euros más a las arcas municipales y acusó al equipo de gobierno de no haber sabido resolver antes la situación, motivada por el abandono del servicio por parte de la primera empresa.Sin embargo, el alcalde explicó que el ayuntamiento se quedará con el aval de 60.000 euros de la primera adjudicación y que la empresa a la que ahora se adjudica el servicio es la que quedó en segundo lugar en la licitación, porque se ha considerado la mejor fórmula de las posibles.Por último, el pleno extraordinario aprobó la anulación de obligaciones y derechos reconocidos pendientes de cobro, de ejercicios cerrados, por un total de 351.000 euros, cantidad que el Ayuntamiento desiste de reclamar, porque son cuantí­as pendientes desde 1991, y elimina definitivamente de los apuntes contables del consistorio.