LICENCIA OBRAS A «CAUCHOS ARNEDO»

                 LICENCIA OBRAS A ‘CAUCHOS ARNEDO’  La Junta de Gobierno local del ayuntamiento de Arnedo ha aprobado este viernes 23 de noviembre la concesión de licencia ambiental y de obras a la empresa arnedana ‘Cauchos Arnedo’ que, tras quedar completamente destruida por un enorme incendio el pasado mes de junio, va a volver a levantarse en el mismo solar que ha venido ocupando en el polígono industrial ‘El Renocal’.No obstante, el alcalde, Juan Antonio Abad, ha explicado que se han intentado buscar otras ubicaciones pero que el mayor problema ha sido el valor del suelo, que no cubre el seguro.En este sentido, y en respuesta a las alegaciones presentadas por algunos vecinos para que la empresa no volviera a instalarse en el mismo lugar, Abad ha aclarado que ‘Cauchos Arnedo’ tiene su parcela dentro del polígono industrial El Renocal, marcado desde hace muchos años en el plan general y “tiene todo el derecho a ubicarse allí”. No obstante, ha reconocido que ambas partes -empresa y ayuntamiento-  han tratado de hacer un “esfuerzo importante” para que  no se ubicara allí pero, según ha explicado, “el escollo principal ha estado en el valor del suelo porque cuando una empresa se ha quemado la reposición del dinero es sobre el edificio y la maquinaria, pero nunca sobre el suelo porque éste no se ha quemado”.Al tratarse de una parcela grande de 8.000 metros, Abad ha reconocido que el cambio de ubicación conllevaba un gran desembolso económico.Con todo, Abad ha felicitado a la empresa por apostar por seguir creando empleo en Arnedo y ha recalcado la importancia de que vuelva a iniciar su actividad, sobre todo, porque la mayoría de sus 87 trabajadores todavía están con un expediente de regulación de empleo. Por otra parte, la Junta de Gobierno local ha concedido licencia ambiental conjunta con obras para la instalación de una industria auxiliar en la calle Vulcanizadores del polígono El Raposal; y licencia de primera ocupación a una vivienda de la calle Farsía. También ha concedido licencia de ocupación de obras para la reforma de un portal y la modificación de su ascensor a nivel de calle, en Federico García Lorca; y ha nombrado abogado para el ayuntamiento en una reclamación patrimonial que han realizado los vecinos del bloque número 44 del Paseo de la Constitución, que reclaman la depreciación de sus viviendas, por 88.762 euros, por haber permitido la instalación de un centro de transformación de energía eléctrica. Abad ha asegurado que el expediente “cumple escrupulosamente todos los trámites que se dieron para poder conceder su instalación”, además de un estudio que se hizo y que determinó que no había ningún riesgo. Sin embargo, los vecinos han ejercido su derecho de reclamación patrimonial. Por lo demás, la Junta de Gobierno ha aceptado la donación de un espacio en la calle Royo que en su día fue un corral declarado en ruina y hoy es un talud.También ha aprobado el presupuesto de la programación del Cervantes para el mes de diciembre y los primeros días de enero, por 18.150 euros para actividades de teatro y 8.574 para cine.Además, ha autorizado el uso de esta instalación municipal para un concierto que ofrecerá la nueva Asociación Cultural Musicarnedo. Por otra parte, el alcalde ha explicado que este viernes 23 de noviembre se ha firmado el acta de ocupación por parte del ayuntamiento de tres fincas en la huerta de la Baronesa, de 108, 164 y 212 metros cuadrados respectivamente, por las que sus propietarios han recibido un cheque de 612.731 euros. Ha incidido en que fueron éstos los que exigieron la expropiación forzosa de estos terrenos, una vez trascurrido el plazo de cuatro años previsto en el plan general para el desarrollo urbanístico de la zona, y que el ayuntamiento tenía la obligación de efectuar el pago antes del 29 de noviembre.También ha recordado que los propietarios rechazaron la valoración propuesta por el pleno en septiembre de 2010 y que ahora tampoco están de acuerdo con el justiprecio que ha resuelto el jurado provincial de expropiación el pasado mes de mayo –de 612.731 euros-, por lo que han recurrido judicialmente.