PLENO IMPONE SANCIONES CASILLAS ILEGALES

               PLENO IMPONE SANCIONES CASILLAS ILEGALES  La corporación municipal del ayuntamiento de Arnedo ha aprobado, este miércoles 16 de enero, en sesión de pleno extraordinario, con el voto a favor de PP y PR y la abstención de PSOE, las sanciones a siete casillas ilegales: de 43.741 euros para una de ellas construida en suelo protegido Pepman; y de 30.000 euros para cada una de las seis restantes edificadas en la zona de Planarresano.                                                             El portavoz socialista, Santiago Álvarez, justificó la abstención de su grupo al considerar que estas sanciones suponen “una discriminación” y un trato desigual al que hasta ahora se ha aplicado en el ayuntamiento a quienes incumplían la ley. En este sentido, cuestionó que, con estos siete expedientes, PP y PR han seguido criterios diferentes a los mantenidos en anteriores ocasiones en las que se propusieron cuantías de hasta 270.000 euros que luego se rebajaron enormemente o, incluso, entre otros ejemplos, recordó que en el año 2007 a un chalé de 224 metros cuadrados levantado en Planarresano se le impuso una sanción de 7.590 euros.Así las cosas, Álvarez cuestionó que “no sé si se cambian los criterios o se ajustan a las necesidades presupuestarias”.Con todo, aunque afirmó que su grupo “no va a defender el incumplimiento de la ley”, reiteró que sí “va a estar siempre defendiendo el mismo trato para todos los ciudadanos”,  por lo que instó al equipo de gobierno a reflexionar y revisar la cuantía de dichas sanciones.Frente a esto, el concejal de Urbanismo, el regionalista Jesús Gil de Gómez, a quien el portavoz del PSOE acusó de defender posturas diferentes según está en la oposición o en el gobierno, ante una ley que tanto populares como regionalistas han reconocido que no les gusta, defendió que las sanciones aplicadas han sido “razonadas y pactadas” por PP y PR en una comisión a la que Álvarez “no quiso pertenecer” y “salió huyendo”.Gil de Gómez incidió en que mientras no haya otra normativa “no queda otra que cumplir con la que tenemos”.A estas acusaciones respondió el portavoz socialista quien insistió en que su grupo siempre ha mantenido y defendido que se aplicara el mismo criterio a todos los infractores, como así se lo transmitió al concejal de Urbanismo, pero “yo no salí corriendo de ninguna parte”.Por su parte, el alcalde, el popular Juan Antonio Abad, dejó claros los criterios que ha establecido el equipo de gobierno que, de ahora en adelante -mientras no se modifique la ley Pepman- para las infracciones graves (fuera de Pepman, de 3.000 a 30.000 euros) impondrá la sanción máxima de 30.000 euros;  y, para las muy graves (dentro de Pepman, de 30.000 a 300.000 euros), sumará un porcentaje sobre la edificabilidad a esos 30.000 euros.Abad recriminó que “todos los que están construyendo edificaciones ilegales son injustos con el resto de ciudadanos  porque cada vez que se levanta una edificación, como en estos casos, de 611, 571 o 156 metros cuadrados…estamos dejando de dar al municipio la cesión del suelo correspondiente”.Frente a esto, puso como ejemplo las viviendas que se están construyendo en el SR-2 -situado entre el colegio ‘Sagrado Corazón’ y la guardería- en donde sus propietarios están cumpliendo estrictamente la normativa. Así, “parcelas que tenían 1.000  metros han cedido al municipio y a la urbanización 500, han tenido que asumir el costo de la urbanización y de llevar las aguas, y ordenar el territorio”. “Lo que no podemos hacer es invitar a todo el mundo a que, alegremente, construya donde le parezca sin estar sometido a esta ley que nos afecta a todos”, añadió Abad, “eso sí es injusto, que muchos ciudadanos se han escapado por un lateral”, mientras que acusó al PSOE  de estar apoyando “con su indefinición” a los que no cumplen la ley. En medio de este debate, el portavoz del PSOE sacó a relucir los expedientes abiertos y sancionados (unas veces por la Comunidad Autónoma y otras por el ayuntamiento)  durante los anteriores gobiernos socialistas, defendiendo que, en contra de lo dicho en reiteradas ocasiones por el PP, sí se aplicó la normativa vigente y con criterios homogéneos. Así, según Álvarez, en el ayuntamiento se tramitaron 189 expedientes con sanciones que superaron los 100 millones de las antiguas pesetas.Esta vuelta al pasado elevó el tono de la sesión de pleno hasta el punto de que el alcalde denunció que, durante el mandato socialista, en el ayuntamiento de Arnedo sólo se sancionaron las infracciones que convenían al PSOE -189 frente a las más de 1.300 que se construyeron-.Pero volviendo al momento actual, el portavoz socialista constató que las construcciones ilegales no sólo afectan a Arnedo sino a otros valles de La Rioja y, a este respecto, sacó a relucir una publicación nacional en la que se alude al propio presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Sanz, propietario de un chalé de dos plantas en Villamediana que no ha sido sancionado cuando, según Álvarez, “debería dar ejemplo”.Así las cosas, para el portavoz socialista, “la diferencia es que en Arnedo se está sancionando al que infringe y en otros lugares no se está haciendo”.            Ante estas palabras, el alcalde respondió que la supuesta construcción de Sanz es de los años 80, anterior a la ley de 1998.Con todo, el alcalde cerró el debate de este punto apelando a los ciudadanos a que respeten la normativa vigente porque, de lo contrario, reiteró que se seguirán imponiendo sanciones mientras no se consiga convertir el suelo Pepman en suelo de huertas tradicionales-familiares. Una futura normativa que, según Abad, está “más cerca” de lograrse. Anticipo empresa ‘Fuente Lavero’ El debate de estos siete expedientes urbanísticos centró buena parte del pleno, que se prolongó durante más de una hora y media, y en el que, con el voto en contra del PSOE, se acordó anticipar el pago de 181.218 euros a la empresa que gestiona el Centro Deportivo Termal ‘Fuente Lavero’ porque, según explicó el concejal de Hacienda, Pedro Marín, no se pone en riesgo la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento y se soluciona un problema puntual de liquidez de la empresa.Además, en la sesión se tomó en consideración la renuncia a su cargo de la concejala del Partido Popular, Laura García.