El pleno delAyuntamiento de Arnedo aprobó este jueves 30 de marzo, por unanimidad, una declaración institucionalpromovida por el equipo de gobierno socialista para instar a los ciudadanos acumplir con la ley urbanística vigente.De este modo, la Corporación municipal reacciona porprimera vez ante el polémico tema de las ‘casillas’ con un argumento común. Ylo hace tras los acontecimientos de los últimos meses que han supuesto un puntode inflexión en décadas, debido a la llegada al juzgado, por primera vez, deexpedientes por infracciones urbanísticas.Unas infracciones que pueden dar lugar a sanciones económicas,sin perder de vista que la ley también contempla la restitución de la legalidadvigente, es decir, el derribo de lo construido ilegalmente, algo que, en elsuelo denominado PEPMAN no prescribe nunca.La declaración indica que “tras conocerse el auto de laJueza titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº3 de Calahorra, porel que se acuerda incoar una serie de diligencias previas tras denuncia del MinisterioFiscal por un presunto delito de prevaricación administrativa, delito contra laordenación del territorio, delito de omisión del deber de denunciar delitos y delitode desobediencia grave, tras la petición de información al Ayuntamiento enmarzo de 2016 por parte de agentes de la unidad del Seprona de Madrid ainstancias de la Fiscalía General del Estado en su sección de Medio Ambiente yUrbanismo de Madrid, se somete a consideración del Pleno la presente declaracióninstitucional”.Añade que “a la vista de la judicialización de un asunto quepermanece desde hace décadas en la ciudad, de las consecuencias que se puedenderivar de dicho proceso y de la necesidad de evitar un perjuicio mayor aafectados y cargos públicos, así como a empleados públicos y a la ciudad endefinitiva, el Pleno de la Corporación municipal quiere trasladar a laciudadanía de Arnedo un mensaje claro que supone un compromiso con elcumplimiento de la ley en materia urbanística”.Un mensaje –agrega- “que supone un acuerdo para actuar condiligencia en los expedientes que puedan iniciarse ante incumplimientos enmateria urbanística, entendiendo que la situación originada supone un punto deinflexión en la forma de proceder ante la tramitación de expedientes que afectana infracciones en materia urbanística. Es por lo que invitamos a todos losciudadanos a no iniciar ninguna actuación urbanística que pueda provocar la comisiónde una infracción administrativa y la posible comisión de un delito que derive enuna causa penal”.
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