La medida se ha aprobado una vez que el equipo de gobierno municipal ha llegado a un acuerdo con la UTE, al que los técnicos municipales han dado el visto bueno.
El alcalde, Javier García, ha destacado la “gran labor de gestión” que ha realizado en este asunto el concejal de Urbanismo, José Luis Rubio, que ha estado negociando durante toda esta legislatura, así como la voluntad que las empresas constructoras han tenido para intentar solucionar esta problemática.
García también ha avanzado que, una vez que quede solventado el problema de las goteras, en el que la UTE invertirá 55.000 euros, el equipo de gobierno se plantea instalar de forma definitiva, en el pabellón ‘Arnedo Arena’, la pista polideportiva de madera que, salvo cuando haya espectáculos taurinos, permitirá llevar a cabo partidos de baloncesto, fútbol sala y balonmano y evitar que muchos equipos de deporte escolar tengan que desplazarse a otras localidades.
Por otra parte, en el pleno se comunicó el informe de la Intervención Municipal sobre las resoluciones de alcaldía adoptadas entre el 17 de julio del pasado ejercicio y el 28 de febrero de este año, contrarias a los reparos formulados por dicha Intervención, que se remitirán ahora al Tribunal de Cuentas.
En sentido, García ha explicado que estos reparos afectan a diferentes facturas y procedimientos administrativos que consideró levantar tal y como contempla la ley y con “convencimiento absoluto”.
Ha señalado que se trata de “facturas que van desde los 50 euros, en las que, o se ha omitido un pequeño paso técnico, o no han tenido la retención de crédito preceptiva que deberían tener”.
Como ejemplo de estos casos que suman un total de 120.000 euros y que, según ha dicho, han sido argumentados en sus respectivos informes justificativos, García se ha referido a facturas a proveedores en las que “el ayuntamiento podría incurrir en un enriquecimiento ilícito del cual el proveedor no tiene ninguna culpa” o al pago de las nóminas de diciembre y su correspondiente paga extra a los empleados municipales en las que el reparo afectaba a unos siete u ocho trabajadores a los que se les había puesto algo mal en sus nóminas y había que corregirlo.
García, que ha incidido en que en estos casos ha hecho “lo que tenía que hacer”, teniendo en cuenta además que el dinero está en el presupuesto aunque no se hayan hecho las retenciones de crédito, ha cuestionado que “la legislación está cambiando mucho, los tiempos de adaptación son mínimos y no se tiene en cuenta a los ayuntamientos”.
Por otra parte, la corporación municipal del ayuntamiento de Arnedo acordó prorrogar el contrato para la gestión, mediante concesión, del servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), así como desestimar el recurso de reposición interpuesto por la UTE Castillo de Arnedo contra el acuerdo plenario por el que se le impusieron penalidades por el retraso producido en la ejecución de las obras de recuperación y consolidación de esta fortaleza.
Por lo demás, en el pleno, ya en el turno de ruegos y preguntas de los grupos de la oposición, la concejala de Ciudadanos, Virginia Domínguez, dio cuenta de que el Tribunal Supremo notificó hace unas semanas al ayuntamiento una sentencia firme por la que el consistorio arnedano está obligado a abonar unos 460.000 euros por alguna mala gestión relacionada con la rotonda de ‘El Campillo’.
Un asunto del que el alcalde, este viernes 29 de marzo, no ha querido dar más detalles hasta que los servicios jurídicos municipales no terminen de estudiarlo.
No obstante, ha cuestionado que Domínguez lo sacara a relucir en la sesión, a su juicio “de manera poco prudente”, cuando es un problema derivado de la pasada legislatura en la que uno de los integrantes de Ciudadanos, entonces concejal del Partido Riojano, también tuvo responsabilidades de Gobierno.
García ha recalcado que prefiere no hablar de este tema hasta que no esté claro cómo se van a abonar los alrededor de 460.000 euros que la sentencia reclama al ayuntamiento, que ahora está sin interventor hasta que se sustituya por el nuevo y con un Presupuesto Municipal ya aprobado.
El alcalde, que ha reiterado que se trata de una cuestión heredada del anterior equipo de Gobierno municipal y que ya estaba judicializada cuando los socialistas entraron en el consistorio, ha afirmado que están obligados a abonar la cantidad reclamada, para lo que todavía se está en tiempo y forma para hacerlo.