En una nota de prensa, el sindicato incide en que “los operarios desarrollan su trabajo en condiciones peligrosas, en instalaciones donde los techos que se están desprendiendo son de uralita, por lo que el Ayuntamiento de Arnedo está incumpliendo la normativa vigente, especialmente el Real Decreto 396/2006 que establece obligaciones claras para los titulares de locales con amianto”.
Señala que “es obligatorio identificar y evaluar el riesgo, informar y formar a los trabajadores, y adoptar medidas preventivas adecuadas. El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones administrativas, civiles e incluso penales, así como la obligación de indemnizar a los afectados. Es inadmisible que el Ayuntamiento tenga unas instalaciones que parecen un vertedero, donde ponen en peligro la salud y la seguridad de sus trabajadores y, además, en vez de solucionar la situación y cumplir la Ley, la corporación municipal ataque de manera personal a los trabajadores cuando el que ha realizado esta denuncia es CSIF”.
Añade que “a esta ilegal situación se le suma una preocupante falta de maquinaria y herramientas, así una situación especialmente grave e ilegal como es la ausencia de formación en materia de prevención de riesgos laborales, volviendo a cometer un incumplimiento de la Ley 54/2003 de PRL, donde en el apartado 2 del artículo 14 se indica que en cumplimiento del deber de protección, el empresario (en este caso el Ayuntamiento de Arnedo) deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, y vigilancia de la salud”.
Por todo ello, CSIF afirma que va a denunciar al Ayuntamiento de Arnedo ante la Inspección de Trabajo “por incumplimiento de su obligación legal de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores, exponiéndolos a riesgos innecesarios como en las instalaciones donde se almacena el material de trabajo con presencia de amianto, que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad exigibles, lo que podría derivar en graves sanciones por parte de la Inspección de Trabajo”.
Recalca que “este hecho supone un uso irresponsable de los recursos públicos, perjudicando directamente a la ciudadanía de Arnedo y una falta de respeto absoluta de la corporación a sus trabajadores, a los que ataca personalmente por denunciar, a pesar de trabajar en unas condiciones laborales que debería darles vergüenza. Trabajadores que durante años han demostrado su buen hacer en las funciones encomendadas y que en muchísimas ocasiones no eran de su competencia y no han recibido ningún tipo de reconocimiento por parte del Ayuntamiento, sino todo lo contrario, condiciones insalubres de trabajo y críticas personales sin ninguna razón de ser”.
A todo esto, dice CSIF que “se une una práctica inadmisible, que es la del aprovechamiento por parte del Ayuntamiento de formación previa que los trabajadores han adquirido en su trayectoria profesional para la realización de tareas que exceden claramente a las de su categoría profesional, pero sin el reconocimiento retributivo y profesional que debería llevar. El Ayuntamiento les ha prometido este reconocimiento en reiteradas ocasiones pero nunca llega a materializarse, generando frustración y agravio entre los trabajadores de la brigada de obras. Un claro ejemplo es que en las oposiciones a peón, no es requisito el tener carnet de conducir pero en el trabajo diario de un peón se conduce el dumper”.
CSIF exige al Ayuntamiento de Arnedo que dote inmediatamente a la brigada de la maquinaria, herramientas, medios e instalaciones legales, salubres y necesarios para desarrollar sus funciones, que implante de manera urgente planes de formación en prevención de riesgos laborales y que cumpla su palabra y regularice las situaciones de desempeño de las funciones de superior categoría y todo ello desde el respeto a unos trabajadores que llevan años demostrando su buen hacer a pesar de las malas condiciones”.
