PLENO APRUEBA REBAJA SALARIO FUNCIONARIOS El pleno del Ayuntamiento de Arnedo aprobó el miércoles 30 de junio, con el voto a favor de PP y PSOE y la abstención del PR, la aplicación del decreto del Gobierno central que supone una reducción, como media, del 5% del salario de los empleados públicos que, por cierto, estuvieron presentes en la sesión, con pancartas y lemas como “Abad y Zapatero se quedan con nuestro dinero”. En el debate de este punto, el PSOE propuso que el recorte se hiciera extensivo a los trabajadores de ADEPRI que gestiona la empresa municipal de suelo INAR mientras que el PR acusó al equipo de Gobierno de no dialogar con los funcionarios, extremo que negó la concejala de personal María Antonia Pérez-Medrano y, más tarde, el alcalde, Juan Antonio Abad. En el mismo pleno se aprobaron también, por unanimidad, las reducciones que afectan al sueldo del alcalde (un 8%) y los concejales liberados (un 6%) y a las dietas que perciben el resto de corporativos por asistencia a plenos y comisiones, que se rebajan un 5% lineal. Una vez aplicadas las rebajas, el sueldo anual del alcalde queda en 51.687 euros y el de los dos concejales liberados (Manolo Soria y Paquita Jaén) en 30.317 euros. Las dietas por asistencia a plenos ordinarios se fijan en 85,5 euros por concejal y las de plenos extraordinarios en 47,5 euros. Por asistencia a Junta de Gobierno local se perciben 76 euros y por asistencia a comisiones informativas el presidente de las mismas percibirá 104,5 euros y los vocales 33,25.Mientras los grupos con representación municipal percibirán al mes 332,5 euros por grupo más 213,75 euros por cada uno de sus concejales, también al mes. En este punto, el PSOE insistió en que las rebajas debían haber alcanzado el 15%, mientras que el alcalde indicó en que se había seguido la tabla marcada por la Federación de Municipios y Provincias, aunque, según recordaron los socialistas, era sólo orientativa y no de obligado cumplimiento. No obstante, Abad reiteró que son bajas voluntarias. Por otro lado, en el pleno se aprobaron definitivamente, con el voto en contra del PSOE y PR, las contribuciones especiales que deberán pagar los vecinos afectados por las obras de reforma de la segunda fase de Paseo de la Constitución, adjudicadas en 3 millones de euros, y que la Comunidad Autónoma financiará en un 40%, mientras que el Ayuntamiento se hará cargo del 60% restante aunque, de ese porcentaje, la mitad será asumida por los vecinos. En este punto, y por estar Santiago Alvarez implicado directamente en el asunto, ejerció como portavoz socialista Francisco Ocón, quien insistió en que el Ayuntamiento ha firmado un mal convenio con la Comunidad Autónoma, ya que ésta sólo asumirá el 40% del coste de la obra, cuando en otros municipios ha llegado incluso al 90. También acusó al equipo de Gobierno de retrasar la obra para que coincida con periodo electoral, cuestionó la falta de informes urbanísticos en la respuesta a algunas alegaciones y se preguntó por qué la plaza de toros vieja sigue siendo de propiedad municipal a día de hoy y, por tanto, sigue manteniendo al Ayuntamiento como contribuyente de su parte, valorada en 18.000 euros, una cantidad que también considera chocante, teniendo en cuenta que en el solar podrán construirse cien viviendas y 4.500 metros cuadrados de superficie comercial. Por su parte, el concejal del PR, Jesús Gil de Gómez, pidió que este punto quedara sobre la mesa y votó en contra, entre otras cosas, porque cree que el expediente tiene defectos de planteamiento ya que no acredita bien los beneficiarios de la obra ni la posesión de los terrenos. En respuesta a la oposición, el alcalde reiteró que está muy satisfecho con el convenio de financiación firmado con la Comunidad Autónoma y que el expediente no tiene ninguna duda jurídica. En el pleno se dio cuenta también de la liquidación del presupuesto municipal de 2009, que arroja un déficit de 976.820 euros, y se aprobó, con el voto en contra del Partido Riojano, la cesión a la Comunidad Autónoma de una parcela de 889 metros cuadrados situada junto al IES Celso Díaz, para usos complementarios al servicio educativo. Aquí, el PR recalcó que, aunque sea voluntad del Gobierno regional construir en ese terreno un salón de actos, el Ayuntamiento no debería cederlo en tanto esa voluntad no se concrete, por escrito, en el correspondiente convenio. De otro modo, según Gil de Gómez, el Ayuntamiento sigue perdiendo patrimonio en beneficio de la Comunidad.
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