PSOE INTERPONE QUERELLA ACALDE ARNEDO El grupo municipal socialista arnedano ha interpuesto este miércoles 7 de julio en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) una querella contra el alcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, por la contratación, a través de un decreto de alcaldía, de un funcionario interino, a sabiendas de que era ilegal e, incluso, contaba con un informe contrario del secretario general del ayuntamiento. El portavoz socialista, Santiago ílvarez, acompañado por el Secretario General del PSOE de Arnedo, Paco Ocón, y el Secretario de Organización del PSOE de La Rioja, Francisco Rodríguez, ha concretado que se interpone querella por presunta prevaricación, además de por presunta falsedad documental y delito contra el derecho de los trabajadores. ílvarez ha recordado que los hechos se remontan al pasado 7 de junio cuando una auxiliar administrativo, que trabajaba en el turno de tarde en la taquilla de las piscinas municipales, cogió la baja y el equipo de gobierno decidió sustituirla por otro ciudadano que durante una semana estuvo trabajando sin contrato, porque los técnicos se negaron a dar curso a su nombramiento ilegal. A pesar de ello, el 14 de junio Juan Antonio Abad firmó un decreto de alcaldía por el que nombraba funcionario interino para cubrir la baja a una persona que ya había desempeñado el puesto en otro momento. El portavoz socialista ha recordado también que, previamente a la firma del decreto, el secretario municipal del ayuntamiento elaboró un informe jurídico en el que dejaba constancia de que el nombramiento era ilegal porque no se habían convocado las pruebas de selección pertinentes ni se había acudido a la bolsa de empleo, en la que hay apuntadas 15 personas. En aquel decreto, el alcalde justificaba la decisión en el hecho de que realizar la contratación como indicaban los técnicos implicaba una paralización del servicio, ya que “en estos momentos no se dispone de personal suficiente para cubrir los turnos del área de Deportes y sería necesario formar a la persona para desempeñar su función”. Frente a esto, el alcalde resolvía que se procediera al nombramiento como funcionario interino, como auxiliar administrativo adscrito al área municipal de Deportes, de una persona (de la que no se ha dado su nombre para preservar su intimidad) que ya estuvo trabajando en este puesto y por lo tanto “domina el procedimiento de trabajo diario”. ílvarez, quien ha justificado la interposición de la denuncia penal en que el PSOE ha dado tiempo suficiente al alcalde para que rectificara, dejase sin efecto el decreto y contratara de forma legal, ha detallado que el presunto delito de falsedad documental se basa en que la persona que cubre la baja estuvo trabajando una semana sin contrato, lo que conlleva también un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Con todo, los responsables socialistas han incidido en que con esta denuncia, interpuesta tras varias advertencias al alcalde sin éxito, sólo buscan que se cumpla la ley, que no exista sensación de impunidad y ningún alcalde crea que el ayuntamiento es su cortijo, y que se respete el derecho que tienen todos los ciudadanos a optar a un empleo público en igualdad de condiciones y oportunidades. En cuanto a las consecuencias que esta querella podría tener para el alcalde de Arnedo, suponiendo que el TSJR la admita y los jueces tengan en cuenta la denuncia tal y como la ha planteado el PSOE, Francisco Rodríguez ha explicado que, por antecedentes de otros casos, lo más habitual es la inhabilitación para ejercer el cargo público durante un tiempo determinado. Así las cosas, el portavoz socialista en el ayuntamiento de Arnedo ha incidido en que el grupo socialista pidió que “se anulara el decreto y se restituyera la legalidad”. “Se le dio la oportunidad, pero lejos de ello, con soberbia y prepotencia, el alcalde casi instaba al PSOE a que fuéramos a denunciarlo”, ha dicho ílvarez, quien ha recordado que como Abad es diputado regional no puede ser juzgado por un tribunal de Primera Instancia, por lo que se ha acudido al TSJR. También ha recalcado que el alcalde tenía otras opciones para cubrir la baja en la taquilla de las piscinas, sin que, como justificaba hace unos días Abad, el servicio se viera perjudicado si no se contrataba a una persona que ya había estado desempeñando este puesto en otro momento. En este sentido, ílvarez ha cuestionado que “hay quince personas en la bolsa de empleo a las que no se ha preguntado si querían cubrir la baja”. Además, ha recordado que el área de Deportes cuenta con un responsable (el coordinador deportivo) “que sabe cómo funciona el sistema y podía, en pocos días, haber puesto al corriente a quien hubiera sido contratado legalmente”, sin que ello implicara el cierre de las piscinas.
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