El Partido Popular de Arnedo ha pedido la dimisión de la concejala deRégimen Interior y teniente de alcalde socialista María Jesús Gil de Muro porhaber construido una piscina ilegal en una finca de su propiedad, ubicada ensuelo PEPMAN, es decir, amparado en el Plan Especial de Protección del MedioAmbiente Natural.El portavoz del grupo municipal popular, ToñoEguizábal, ha relatado que en 2008, cuando Gil de Muro aún no era concejala yen el Ayuntamiento gobernaba el PP con mayoría absoluta, se detectó laconstrucción de una piscina ilegal en esa finca y se le dio opción a supropietaria de subsanar la situación, eliminando la piscina, o, en caso contrario,se abriría un expediente por infracción urbanística, con la correspondientesanción. Al parecer se escogió laprimera opción, la piscina desapareció y el expediente se archivó en 2010. Peroahora, y con Gil de Muro ya en el Ayuntamiento, el PP asegura que esa piscinase ha vuelto a construir. Eguizábalha señalado que “además de la piscina se han hecho obras en la casa que hayjunto a ella y algún tipo de obra de acerado. Entiendo que el equipo degobierno conoce la situación, porque me informan de que han estado ahí, yqueremos saber qué van a hacer a partir de ahora”. El portavoz popular haañadido que “aunque no me sirve de gusto, porque no somos todos iguales, estoyen la obligación de solicitar la dimisión de Gil de Muro por hacer abuso depoder, por hacer trato discriminatorio hacia el resto de ciudadanos y por teneruna construcción ilegal de la que no hay ningún tipo de informe, ni expediente,ni intención. Es lo suficientemente grave. Ella verá lo que tiene que hacer, pero podía tomar ejemplo desu compañera socialista de Nájera que hace unos meses dimitió porque habíacometido una infracción urbanística, que también derribó”.A pesar de personalizar en Gil de Muro –que no haquerido hacer declaraciones- el polémico tema de las ‘casillas’ ilegales en lahuerta arnedana del Cidacos, Eguizábal considera que el PP no está abriendoninguna guerra de acusaciones particulares. Según ha dicho, “lo únicoque hace el PP es contar un hecho que me consta que mucha gente conoce en estaciudad, hacerlo público y pedir responsabilidades a quien está gobernando, quepide responsabilidad al resto de ciudadanos, como es lógico, pero que debe darejemplo siendo el primero en cumplir la ley”.Una ley que se ha venido incumpliendo en Arnedo desdehace décadas, lo que ha motivado en ocasiones la apertura de expedientes porinfracciones urbanísticas que se han tramitado, con distinto resultado, perosiempre en el ámbito del Ayuntamiento.Sin embargo, hace unos meses cambió esta situación,tras la petición de la Fiscalía de Medio Ambiente de información sobre 41 de esos expedientes,abiertos después de 2007 y no concluidos. Esosexpedientes están ya en el juzgado número 3 de Calahorra, al que se ha citado adeclarar a más de 40 personas, algunas como testigos y otros como investigados,entre estas últimas el ex alcalde de Arnedo, el popular, Juan Antonio Abad.Se trata, en este proceso, deinvestigar presuntos delitos de prevaricación administrativa, contra laordenación del territorio, de omisión del deber de denunciar delitos y dedesobediencia grave.Pero la llegada de esos presuntos delitos al juzgadoes, para el PP arnedano, motivo de duda y crítica política, porque su portavozha acusado al alcalde, Javier García, de mentir tanto a los investigados como alos portavoces municipales cuando aseguró que la primera noticia que tuvo de laintención de la Fiscalía llegó el 15 de febrero de 2016.Así, Eguizábal ha señalado que “los afectados vanyendo al juzgado a pedir el auto y curiosamente nos encontramos con un documentocon fecha 29 de enero de 2016 que dice que, a petición del alcalde y elconcejal de Urbanismo de Arnedo, se emite informe jurídico sobre diversosexpedientes de protección de la legalidad urbanística pendientes de tramitacióno de incoación del expediente de infracción urbanística y en el que se pone demanifiesto la existencia de numerosas irregularidades administrativas yurbanísticas cometidas en aquel municipio en los años precedentes. El informede remite a Fiscalía, Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo que incoa lasdiligencias informativas”.Eguizábal ha recalcado que ese documento lleva fechadel 29 de enero de 2016 y ha añadido que “no sé si la Fiscalía ha venido deoficio o se le ha llamado, pero sí puedo demostrar que el alcalde mintió a losportavoces y a los afectados cuando dijo que la primera noticia la tuvo el 15de febrero de 2016”.Así las cosas, el portavoz del PP ha preguntado “alalcalde y al concejal de Urbanismo qué es lo que van a hacer a partir de ahoracon esas construcciones que se están llevando a cabo y, si las Fiscalía mandaderribar, que nos cuenten qué van a hacer. Que avisen a los ciudadanos, que lesden un toque de atención, porque la responsabilidad es de quien gobierna.Tendrán que contar qué delitos o faltas se están cometiendo y qué se va a haceral respecto”Con todo, Eguizábal ha pedido “a todos los que tenganintención de construir en el campo, en zona PEPMAN o rústica, que cumplan conla legalidad urbanística porque, como se está demostrando, son cosas muydelicadas. No sabemos lo que puede pasar de aquí en adelante pero lo que sísabemos es que los primeros perjudicados en caso de saltarse la ley urbanísticason los promotores de esas edificaciones”. El portavoz del PP ha reiterado que debe cumplirse la ley“que es lo mismo que hemos aconsejado cuando hemos estado en el gobierno, pero tambiénhay que seguir trabajando, como se lleva haciendo varias legislaturas, con elGobierno de La Rioja para intentar cambiar esa ley e intentar ordenar de algunamanera esas construcciones. Con esto no quiero decir –ha añadido- que se vayana hacer casillas o chalés de 200 metros en una finca de mil metros, pero sí hayque trabajar con el Gobierno de La Rioja para facilitar que la huerta que paralos arnedanos después de su jornada laboral es su forma de ocio, puedandisfrutarla de alguna manera, pero cumpliendo la legalidad”.
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