PÉREZ-ARADROS INSISTE POSTURA ANTE POLICIA La concejal de Personal del Ayuntamiento de Arnedo, Ana María Pérez-Aradros, reiteró este jueves que el equipo de gobierno mantendrá su postura en la aplicación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, aunque los agentes continúen con sus protestas, como anunciaron el pasado lunes sus representantes sindicales. Pérez-Aradros recalcó que “las leyes se aplican, no se negocian” y recordó que “ya hubo reuniones, en las que estuvieron los sindicatos, para consensuar la redacción de esta ley, que después se discutió y aprobó en el parlamento”.Según sus datos, “la propia ley dice que su aplicación no implicará necesariamente un aumento de las retribuciones totales, porque la subida del salario base puede detraerse del complemento específico”, un criterio con el que la Policía Local no está de acuerdo, por lo que ha puesto el asunto en manos de los tribunales.Pérez-Aradros considera que “están en su derecho de elegir la vía judicial, pero esa decisión deslegitima sus concentraciones y manifestaciones, porque ahora lo que deben hacer es esperar a que se dicte la resolución en el juzgado”.La concejala de Personal acusó al secretario general del Sindicato de Policía, Héctor Ruiz, de “tergiversar la realidad, cuando dijo que el Ayuntamiento usa la vía judicial como táctica dilatoria, porque ha sido la policía quien ha elegido esa vía y es el juzgado quien determina la fecha en que se dictará la resolución, no el Ayuntamiento”.Frente a lo asegurado el lunes por Ruiz y por el responsable de Local del sindicato CSI-CSIF, Francisco Gallardo, Pérez-Aradros señaló que “ninguna de las concentraciones que han hecho hasta ahora los policías se han ajustado a la legalidad, porque en dos no solicitaron permiso y en la que sí lo tenían de la Delegación de gobierno se manifestaron por un recorrido distinto al autorizado”.La concejala destacó que “los policías tienen el derecho a manifestarse pero, como cualquier ciudadano, también tienen el deber de solicitar autorización previa”.Respecto a la posibilidad de que, a partir del 1 de julio, los agentes arnedanos dejen de realizar servicios extraordinarios, indicó que de ese modo “romperían unilateralmente el acuerdo alcanzado en su día con el Ayuntamiento, que es renovable año a año y que sólo se puede romper antes del 15 de diciembre del año anterior”.En cualquier caso, agregó que “quiero tranquilizar a los ciudadanos porque ya estamos buscando alternativas” e hizo “un llamamiento al sentido común de los policías para que esperen a la sentencia, el año que viene, y dejen sus medidas de presión, porque no van a conseguir cambiar nuestra postura.

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