A preguntas de los periodistas, según recoge Europa Press, Nagore ha indicado que “a la planta, que no tenía autorización para operar desde el año 2012 se le había pasado el plazo para presentar un plan de desmantelamiento». «Pocas veces creo en las casualidades», ha añadido, al tiempo que ha señalado la coincidencia de que se agote el plazo para presentar un plan de desmantelamiento y se queme. De este modo, el Gobierno sospecha que fue «provocado de forma intencionada».
Nagore, que ha insistido en que no se trataba de residuos peligrosos, ha explicado cómo no ha sido posible su cierre, a pesar de no tener autorización, porque cada vez que iban «contra el propietario cambiaba de manos, además con empresas que no estaban radicadas en La Rioja».
En este momento, tiene un expediente sancionador, de 45.000 euros, por no contar con autorización, y en caso de que no desmantele la instalación el Gobierno riojano tiene previsto seguir con multas cada mes, «prácticamente», hasta que lo haga.
«Vemos que la propiedad va cambiando de manos, y no tiene una actividad permanente, por lo que ha sido complicado, por parte de la Administración, meter mano», ha contado al tiempo que ha señalado que el objetivo es que la instalación «se cierre completamente». Ha subrayado que la empresa no tiene nada que ver con la planta que gestiona los sustratos usados del cultivo del champiñón y albergaba residuos de plástico y madera. En 2012, en teoría, paralizó la actividad, aunque continuaba teniendo residuos.
Nagore también ha informado de que no existe ninguna planta más con expediente de cierre. El año pasado se procedió al desmantelamiento de una, en Albelda, aunque a diferencia de este caso, había «un gestor identificado»; y en este caso «no hay gestor, hay propiedad (Apuesta Inmobiliaria) que, además, va arrendándose».