Y es que, según ha dicho, el pasado 19 de febrero, “sólo dos semanas después de que el Supremo desestimara recurso de casación que presentamos y que convierte en firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja”, se convocó una junta de portavoces en la que él mismo informó de dicha sentencia y la puso a disposición de los grupos.
De ahí que se haya mostrado “sorprendido” porque Domínguez esperase al 28 de marzo para sacar esta cuestión a relucir en el pleno municipal, preguntando cómo se iba a pagar la cuantía impuesta al Ayuntamiento, y convocara el 1 de abril una rueda de prensa para criticar la “falta de transparencia” del equipo de gobierno. Así, ha recalcado que “admito la crítica, pero no las mentiras, que tienen las patitas muy cortas, como acabo de demostrar”.
En cuanto al fondo del asunto, en el que Domínguez no quiso entrar, el alcalde ha recordado que se deriva de la puesta en marcha (en la legislatura 2007-2011) del polígono ‘El Campillo’ porque “el Ayuntamiento indicó a los promotores de la primera fase que tenían que sobredimensionar las infraestructuras de agua para futuras y posibles ampliaciones, pero ellos recurrieron primero por vía administrativa y luego judicial porque entendían que no tenían que pagar infraestructuras que superaban con creces las necesarias que, por ley, tenían que poner para cubrir la primera fase”.
En este punto, García ha indicado que “desde el 19 de febrero nadie dijo nada. Si la responsabilidad fuera del equipo actual los grupos habrían salido a criticarnos, pero no lo han hecho porque es de la legislatura anterior. Ha salido Ciudadanos, cuando su anterior portavoz, en aquella legislatura, era concejal de Hacienda por el PR, así que igual tiene más información que nosotros”.
De hecho, ha explicado que el procedimiento judicial que ha derivado en la sentencia condenatoria para el Ayuntamiento de Arnedo se inició en 2012 y que, incluso, seis meses antes de la llegada del PSOE a la Alcaldía, es decir, en enero de 2015, ya había señalamiento de fecha para el juicio por lo que “no hemos podido ni siquiera tratar este asunto de otro manera, igual buscando un acuerdo”.
Después de tres años, ha añadido, “nos hemos visto obligados a defender los intereses del Ayuntamiento en un procedimiento ya iniciado con origen en la gestión del PP y el PR, con el señor Marín, y no tuvimos conocimiento hasta el pasado 18 de enero de que el último paso, que era el recurso de casación ante el Supremo, se había desestimado, condenando al Ayuntamiento a pagar ese dinero, porque en su día no obró bien”.
García ha añadido que “este equipo de gobierno es consciente de que la sentencia es firme y tiene la obligación y, por supuesto, la voluntad de pagarla, para lo que hay que modificar el presupuesto actual. Estamos a tiempo porque el juzgado comunicó ayer la firmeza de la sentencia y los plazos comienzan a correr hoy. Tenemos dos meses para pagar, aunque vamos a intentar aplazar o alguna otra medida”.
El alcalde ha señalado que esta situación motivará que hay que sacrificar partidas destinadas a otras cosas y, en este punto, ha aludido al PP y al PR que “han estado toda la legislatura hablado de la herencia tan maravillosa que nos han dejado, pero omiten este tipo de información”.
Según García, “hemos sido prudentes y no hemos querido hablar, pero quien tiene ahora el marrón de pagar es el Ayuntamiento de Arnedo gestionado por el PSOE, pero hay que dejar muy claro que el alcalde no oculta información, sino que ha esperado a tenerla toda”.
Así las cosas, a mes y medio para las elecciones municipales, el alcalde y candidato del PSOE a revalidar en el cargo confía en que la campaña sea limpia y ha pedido a los grupos municipales “seriedad, rigurosidad y responsabilidad política, o se cuenta todo o nada, porque encima que heredamos una situación judicial comprometida, nos meten prisa y el dedo en el ojo para saber cómo se va a pagar”.
Reacción de Virginia Domínguez
Minutos después de que el alcalde hiciera estas declaraciones, en Radio Arnedo hemos tenido ocasión de volver a preguntar por este asunto a la concejala de Ciudadanos, Virginia Domínguez, quien ha reconoce que se celebró la junta de portavoces en febrero pero días después de que ella preguntara en la Comisión de Hacienda y ha asegurado que sus críticas no iban tanto encaminadas a la falta de información dada por el equipo de gobierno al resto de grupos políticos como a los ciudadanos.
De ahí que ella esperase un tiempo para preguntar en el pleno o convocar una rueda de prensa sobre esta cuestión.
En cualquier caso, ha reiterado que su interés no es buscar culpables ni poner en tela de juicio decisiones de equipos de gobierno anteriores sino buscar soluciones de tipo práctico. Además, ha insistido en que el hecho punible se remonta a la legislatura 2007-2011.
