Lo ha explicado este viernes 7 de junio la vicealcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, quien considera que el Gobierno regional hace “dejación de funciones” ante un servicio público muy necesario y que, además, ya sufragan en parte los Ayuntamientos, como el arnedano, que este año cuenta para ello con una partida de 5.000 euros.
Según ha dicho, el Ayuntamiento “pone la sede y tiene presupuesto para los uniformes, los seguros y el combustible de los vehículos y si hay que comprar algún material”.
Hasta ahora, ha añadido, “la Comunidad Autónoma de La Rioja se ocupaba de dotarnos de vehículos y de los seguros de los voluntarios y creemos firmemente que es una dejación de funciones del Gobierno, que se está cargando servicios básicos de atención a la ciudadanía y esto no puede ser”.
Ante esta situación, y puesto que el Ayuntamiento considera que Protección Civil es un servicio muy necesario y muy demandado, tanto en la ciudad como en los municipios del valle y de otras zonas de la comunidad, ha señalado que “estamos trabajando y ya tenemos solucionado el seguro de responsabilidad civil, pero falta el seguro de accidentes, así que debemos comunicar a los ciudadanos que en estos momentos, como todavía no están las todas las coberturas suscritas, no podemos dar servicio de Protección Civil. Si surge algo, hasta que no tengamos este segundo seguro de accidentes no vamos a poder dar el servicio. Estamos realmente desconcertados y enfadados con el Gobierno de La Rioja al que pedimos que, por favor, haga su trabajo”.
En cuanto al argumento del Gobierno de La Rioja para tomar esta decisión, Herce ha señalado que ha sido que la licitación que hizo en enero de los seguros de los voluntarios de Protección Civil quedó desierta dos veces. Algo que, según ha dicho, no se ajusta a la información que tiene el Ayuntamiento y que, en cualquier caso, no la justifica.
Así, ha asegurado que esa licitación “se sacó una vez por un importe de 19.719,80 euros y quedó desierta el 30 de enero. Según la información que tenemos, no se ha vuelto a sacar desde el 30 de enero. Estamos en junio y creo que la Comunidad Autónoma tiene los suficientes funcionarios, servicios jurídicos y presupuesto como para sacar esto adelante y no pasar la patata caliente a los Ayuntamientos”.
Además, ha planteado otro problema señalando que “si el Ayuntamiento de Arnedo cubre todos esos gastos y ahora también el del seguro, cuando los alcaldes del valle o de cualquier zona de La Rioja requieran los servicios de Protección Civil se los vamos a tener que dar pero ¿somos los ciudadanos de Arnedo con nuestros impuestos los que tenemos que pagar ese servicio? Si el SOS Rioja y el Gobierno de La Rioja quiere tener un servicio de Protección Civil para toda La Rioja tendrá que sufragar los gastos que eso suponga y no delegar esos gastos en los Ayuntamientos”.
Herce ha reiterado que “el Gobierno de La Rioja está haciendo una dejación de funciones. No estamos de acuerdo con que esté intentando quitar todos los servicios básicos de atención a la ciudadanía. Si hay que atender a la ciudadanía hay que poner dinero, gestionarlo y no quitarse la responsabilidad y pasarla a los municipios”.
Financiación del servicio de ayuda a domicilio
Por otro lado, la vicealcaldesa de Arnedo ha explicado que el Gobierno de La Rioja se mantiene en su decisión de no financiar en un 70% el servicio de ayuda a domicilio, como se le viene reclamando desde hace tiempo, y que así lo ha notificado a través de la comunicación de un técnico de la comunidad autónoma, cuyos argumentos no convencen al Ayuntamiento, que insiste en que la comunidad debe seguir asumiendo ese porcentaje, como lo venía haciendo hasta ahora.
Herce ha destacado que “también aquí creemos que la Comunidad Autónoma está haciendo dejación de funciones en un servicio básico para gente vulnerable, que es una competencia suya y que los ayuntamientos nos limitamos a ejecutarla”.
Según ha dicho, esta situación “suponen para las arcas del Ayuntamiento un aumento del coste en casi 100.000 euros que veremos si se va a poder soportar, porque hasta ahora estábamos pagando más o menos un 10%, la Comunidad Autónoma un 70% y los usuarios el otro 20%. Estamos analizando la situación con Servicios Sociales y con los técnicos para ver cómo vamos a poder sufragar esto, pero lo que me parece fatal es tener que subir la ordenanza y tener que subir a estas personas el precio por hora de los servicios porque la comunidad autónoma no cumple con lo que tiene que hacer por ley, que es pagar ese 70% del precio del coste del servicio”.
