INDEMNIZACIÓN TRABAJADORA AYTO ARNEDO La concejala socialista de Arnedo, María Jesús Gil de Muro, ha lamentado, este jueves 9 de octubre, una nueva sentencia que obliga al ayuntamiento a indemnizar con casi 20.000 euros, en este caso, a una ex trabajadora del área municipal de Deportes que fue despedida de forma irregular en marzo de 2010. Gil de Muro ha explicado que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja emitió este fallo, ante el que no cabe recurso alguno, el pasado 20 de julio, después de que otra sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya obligara al consistorio a readmitir a esta empleada, ante lo que el ayuntamiento alegó que el puesto ya estaba cubierto.La concejala socialista ha recordado que esta trabajadora fue contratada, echando mano de una bolsa de empleo, para sustituir a otra empleada laboral que había sido despedida. Cuando esta última lo denunció, la Justicia obligó al ayuntamiento a readmitirla, tras lo que se despidió a la persona contratada para cubrir este puesto, que era funcionaria.Esta segunda trabajadora también acudió a los Tribunales, que por dos veces le han dado la razón. Por un lado, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo obligó a readmitirla y ante la negativa del ayuntamiento, al alegar que el puesto ya estaba cubierto, recurrió hasta que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha concluido que debe ser indemnizada con 19.427 euros.Así las cosas, Gil de Muro considera que esta sentencia constituye un “nuevo capítulo” de la gestión “a salto de mata” que está realizando el alcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, y que, según el PSOE, “está costando mucho dinero a los arnedanos porque últimamente está habiendo varias sentencias que obligan a pagar al consistorio”.Además, ha cuestionado el hecho de que el ayuntamiento realice contrataciones fuera de la legalidad vigente y ha incidido en que se necesita “una gestión eficaz, sujeta a la ley y al sentido común”.También ha lamentado que los ciudadanos de Arnedo estén pagando “el derroche y el despilfarro” del alcalde, a juicio de Gil de Muro, “más preocupado por su carrera política en Madrid”.Con todo, y frente a las explicaciones dadas por los técnicos municipales que aluden a que en 2010 todavía no se había llevado a cabo la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ayuntamiento, que daba lugar a este tipo de contratos irregulares, Gil de Muro considera que el alcalde ya había tenido seis años para hacerlo y ajustarse a la normativa.

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