Según la información facilitada este lunes 23 de agosto, los hechos tuvieron lugar sobre las 13:00 horas del sábado 21 de agosto, tras la alerta emitida por numerosos ciudadanos de Arnedo que informaban de la presencia en el casco urbano de la localidad de un turismo que circulaba de manera errática -movimientos oscilantes de zig-zag-, con el consiguiente peligro para peatones y restos de usuarios de la vía.
Tras dichas alertas, Unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana establecieron el cierre de vías de comunicación en la ciudad de Arnedo, lo que permitió localizar el turismo y comprobar cómo su conductor circulaba en zig-zag, haciendo caso omiso a las señales acústicas y luminosas de alto, lo que obligó a los agentes a rebasarlo para interceptarle y obligarle a detener la marcha.
Añade que, durante el proceso de identificación, el conductor de 80 años, de nacionalidad española y residente en una localidad riojana, manifestó que “no se había dado cuenta de las señales de alto”, tras lo que los agentes le informaron de que no podía conducir el vehículo dado que había perdido la vigencia de su permiso de conducción por «perdida de aptitudes psicofísicas», con resolución firme en el mes de abril de este año.
Por ello, la Guardia Civil explica que se procedió al precinto del vehículo para evitar hechos como el ocurrido el pasado día 19 en Ponferrada (León), en el que un conductor de 85 años, que iba en dirección contraria, se llevó por delante a las personas que estaban en la terraza de un bar, causando la muerte de una mujer de 61 años y heridas de diferente consideración a otras tres mujeres y dos varones.
Seguidamente el conductor fue traslado a dependencias oficiales de la Guardia Civil en Arnedo, donde fue oído en declaración en calidad de investigado por un presunto delito contra la Seguridad Vial.
El instituto armado recuerda que quien conduzca un vehículo de motor o ciclomotor, tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 12 a 24 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
